12/12/2020

SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y LANZAMIENTOS DE VIVIENDAS Y NUEVOS PLAZOS

Suspensión del desahucio y lanzamiento de personas vulnerables sin alternativa habitacional


Con fecha 2 de diciembre de 2020, el vicepresidente de Derechos Sociales y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han llegado a un acuerdo para prohibir todos los desahucios de hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, hasta el 9 de mayo de 2021, que se plasmará en otra nueva disposición legal en el próximo Consejo de Ministros.


Las medidas acordadas plantean cambios importantes:


Como primera novedad a destacar, debemos tener en cuenta que la actual prohibición hasta este momento solo tenía en cuenta a aquellos hogares que pudiesen demostrar que se encontraban en una situación vulnerable “derivada de la crisis sanitaria”. Por tanto, los lanzamientos se suspenderán siempre que no haya una alternativa habitacional «digna», y que deberá ser en cualquier caso una vivienda, en todos los supuestos. Es decir, ninguna persona en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional podrá ser objeto de desahucio, aunque la situación no haya sido provocada directamente por la pandemia.


La suspensión del desahucio por seis meses, también afectará a los okupas, o familias «en precario», que se encuentren en vivienda de un gran tenedor, entendiendo por este propietario físico o jurídico con más de 10 inmuebles, quedando así resuelta la duda de si debía entenderse aplicable esta medida a este tipo de desahucio, ya que, el art. 1 del RDL 11/2020 nada determinaba. Esta situación de vulnerabilidad se extiende tanto a los supuestos derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como las ejecuciones hipotecarias. 


Se traslada a las Comunidades autónomas la responsabilidad de ofrecer esta alternativa habitacional. Esta «condición de vulnerabilidad» la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente antes de decretar el desahucio.


Para beneficiarse de esta medida de suspensión del desahucio y lanzamiento hasta el 9 de mayo de 2021, deben cumplirse las siguientes condiciones:


– Se aplica a los procedimientos de desahucio regulados en la LEC 1/2000.


– Debe tratarse de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la LAU 29/94, es decir, los posteriores al 1 de enero de 1995. Existe cierta polémica y dudas si los anteriores, sometidos al Texto Refundido de 1964 pueden acogerse a esta medida, al estar regulados en las Disposiciones Transitorias de la LAU. El art 1 del RDL 11/2020 señala “derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos”, por lo que nos inclinamos que estarían todos incluidos, básicamente por la prohibición constitucional de discriminación y el derecho fundamental de igualdad.


– El arrendatario debe acreditar una situación de vulnerabilidad social o económica, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Dicha situación se señala en el art. 5 del RDL 11/2020, y alcanza a los arrendatarios que se encuentren desempleados debido a la crisis, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Hay que acreditar documentalmente (art. 6 RDL 11/2020), así mismo, que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere ciertos umbrales y desde que entre en vigor el Decreto que plasmará el acuerdo alcanzado que estamos comentando, que la situación de vulnerabilidad no tiene porque ser sobrevenida por los efectos de la pandemia.


– El letrado o la letrada de la administración de justicia es quien comunicará esta situación acreditada a los servicios sociales competentes y se iniciará la suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si este día no estuviese señalado, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, siempre por el periodo máximo que determine la normativa en cada momento.


El decreto ley que fije la suspensión señalará expresamente que, transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 o señalará fecha para la vista.


– Si esta medida de suspensión extraordinaria afectase al arrendador, y acredita, con los documentos y requisitos señalados en los arts. 5 y 6 de dicho Real Decreto Ley, ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia debe comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.